Discurso del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Jorge Pfleger ante la Honorable Legislatura

Señores Diputados, señores Ministros del Poder Judicial, señores miembros del Poder Ejecutivo, pueblo del Chubut: Vengo ante ustedes a rendir cuentas al pueblo soberano. Él es la fuente única del mando y es en su nombre que quienes estamos al servicio del Estado actuamos.

Somos meros mandatarios y por ello debemos explicar nuestras acciones, exponer nuestras ideas.
Esta alocución no será un mero acopio de palabras.
Los tiempos no están para discursos de ocasión, para describir realidades que sólo tienen vida en nuestra imaginación, para buscar en los tecnicismos y las frases hechas una justificación.
Tampoco me verán apuntar con el dedo de Júpiter. Habituados a los prepotentes que usan los sinsentidos como armas de ataque, pues se plantean la acción política como una relación de permanente agonía; o acostumbrados a los pícaros y a los taimados, expertos en seducción y hábiles en la estafa, que la realizan como una bufonada constante para obtener ventajas, me aplicaré a reflexionar sobre los problemas que nos aquejan, pues la razón es el único modo de pensar en la tarea gubernativa del modo en que ésta debe ser: una labor trascendente, pacífica y cooperativa cuyo propósito es la paz, fin eminente del Estado.
No escucharán, en estos breves momentos, blasfemia alguna en contra del censor; menos aún en contra del mensajero. Por el contrario, ellos son fuentes de nuestras cavilaciones críticas y no argumentos para sustraernos de nuestras responsabilidades.
Es difícil discurrir sobre el Poder Judicial en estos tiempos. Hace cinco años, en este mismo recinto, me atreví a calificar el momento como el de la más profunda crisis de fiabilidad en la institución. No se hallaba en mis cálculos que esa crisis crecería exponencialmente hasta alcanzar los alarmante niveles actuales.
Como efecto pernicioso advertía que un enorme abismo se abría entre nosotros y la sociedad civil, un abismo real, palpable, incontrovertible. Hoy esa situación no sólo perdura sino que se ha ahondado a límites tan peligrosos que ponen en jaque la existencia misma del orden constitucional.
Porque siendo como es que el Estado posee como razón de ser aquellos fines que expuse nomás empezar, una sociedad incrédula que no siente o no ve que tal misión sea cumplida, corre el riesgo de entregarse a los cantos de sirena del autoritarismo o al caos de la anarquía.
Por eso persisto en reclamar nuestra responsabilidad; por eso señalo que somos responsables. Por eso machacaré sobre los defectos y no sobre las virtudes, con la idea puesta en la solución.
Porque si las cosas van mal no es por obra y gracia de fuerzas ajenas, de portentos malignos, sino por obra de nosotros mismos, por no cumplir adecuadamente nuestros deberes, ni pequeños ni grandes.
Este es, entonces, mi punto de partida, mi idea de la situación, del estado de cosas
No pretendo confundir y mucho menos escandalizar mediante el anuncio del apocalipsis. Porque, y recurro a los clásicos, en el reconocimiento de este difícil contexto y en la asunción de nuestros defectos radica la fuerza de nuestra esperanza.
Demóstenes, el gran orador griego lo afirmaba con estas palabras: “….tal vez sea chocante lo que voy a decir, pero es cierto: lo peor de nuestro pasado es precisamente nuestra mejor reserva cara al futuro. ¿Y qué es ello? El hecho de que por no cumplir ninguno de vuestros deberes, ni pequeño ni grande, las cosas van mal; puesto que si estuvieran en la misma situación pese a realizar vosotros todo lo conveniente, ni siquiera habría esperanza de que mejoraran…”.
De modo tal que está en nosotros y sólo en nosotros que los mensajes porvenir hagan de éste sólo un mal recuerdo o, quien sabe, la reflexión de un hombre equivocado.
Pero dije que iba a ser económico en palabras, de manera que abordaré puntos concretos.
La incorporación de nuevos miembros en el Superior Tribunal de Justicia es altamente auspiciosa.
Otras personas, otras ideas, otros vientos, nuevos impulsos, repercuten positivamente, desde poco ha, en el movimiento de un órgano que desgastado por propios y ajenos empezaba a sufrir los riesgos de la saturación, la sobrecarga y la parálisis.
Nuestros pares han asumido con toda responsabilidad el desafío y, lo digo sin rodeos, han insuflado una energía vivificante que se canaliza en proyectos de la más diversa índole.
Es más, en rigor de verdad y deliberadamente, he sido un Presidente nominal que sólo ha intentado coordinar las potencias de un equipo de individualidades descollantes. Nada mejor para quien es un convencido militante de la democracia deliberativa, forma política que alcanza su culminación en el parlamentarismo. Aplaudo a mis pares Guinle, Donnet, Vivas y Panizzi.
Hemos constituido un equipo, cuya sinergia es muy auspiciosa y que pronto, confío, obtendrá resultado que verán –plenamente- la luz.
Esto es bueno para el Poder Judicial y para el Superior Tribunal de Justicia en particular. Quienes hemos cumplido un ciclo hemos de dar un paso al costado. Si bien inamovibles, salvo que nos expelan por nuestra propia inconducta, los Jueces hemos de respetar la cronología, los tiempos. Cuarenta años de vida judicial es suficiente y, abierta la puerta del retiro, no es sano obstinarse en la permanencia.
En lo que atañe a las cifras y estadísticas, no las repetiré. Demuestran lo que hemos hecho, pero no he venido a perorar sobre esto. Ruego a los señores Legisladores una lectura atenta y crítica de cuanto se expone, una manifestación concreta de la transparencia que se reclama.
Y si de ello se trata me detendré en esta singular tópica.
Acepto gustoso las objeciones que se formulan. Gustoso digo porque si son bien intencionadas y no se ve lo que pretendemos mostrar entonces lo estamos haciendo incorrectamente.
La actividad del Poder Judicial es pública por antonomasia.
Se ha señalado insistentemente que, en lo que es la función jurisdiccional propiamente dicha, la divulgación es consustancial.
En el marco del proceso penal, la oralidad y publicidad constituyen la regla de oro. El proceso se desarrolla en audiencias abiertas y el Juez decide cuantas proposiciones se plantean en una Sala, a la vista de todos. Nada se oculta. Las decisiones son proclamadas en presencia de quienes, de primera mano, conocerán las razones. La reserva sólo opera en casos determinados, cuando el interés colectivo cede ante un interés individual superior (procesos de menores o víctimas de delitos sexuales)
El legajo escrito, antiguo recoveco del sistema, aún se mantiene vigente en el marco de los pleitos de naturaleza pecuniaria, de la más variada gama; desafortunadamente.
Hemos abogado y abogamos por la oralidad en todos los fueros, materia pendiente de discusión en este recinto de leyes.
Pero también la publicidad es un objetivo a conseguir en lo que atañe a la administración.
Una gestión cristalina constituye el norte de nuestra labor de gerenciamiento de fondos públicos que posee manifestaciones concretas, aunque al parecer insuficientes. En el tiempo del “Homo videns” no resultan satisfactorios los controles tradicionales que nos auditan.
Desde hace ya bastante tiempo es de fácil acceso todo lo que concierne a la ejecución de presupuesto y a las contrataciones y servicios. El sólo pulsar una tecla y el ciudadano común – el contribuyente que nos solventa, nada menos- puede conocer de qué se trata.
¿Es esto suficiente?: No. ¿Debemos avanzar aún más?: Sí, rotundamente. Carecemos de la logística sofisticada de otras organizaciones estatales, pero estamos abiertos a las ideas que cimienten la fe en el manejo de nuestras cuentas.
Manos limpias y uñas cortas en la atención de los fondos públicos, ese es nuestro lema. Exhibir las manos limpias y las uñas cortas, una y otra vez para que se vea con claridad, es un modo de hacer en el que se debe perseverar. Si no lo hacemos bien, repito, lo haremos mejor.
Los que no tememos al escrutinio público no poseemos reserva alguna; podemos mostrarlo todo; el Presidente del Tribunal el primero. Así se reconstruye la República, devastada por la voracidad de los que se hacen ricos a costa de las cuentas públicas, trasegada por el latrocinio, por el favoritismo, por la degradación de la moral pública y por las más variadas en insólitas formas de miseria espiritual, vicios que como plaga de langosta se encarnizan sobre esta tierra que arrasan de manera impía.
Los Jueces y el dinero no son términos demasiado compatibles; no se llevan ni han de llevarse bien. La condición ineludible para el ejercicio de la judicatura es la sobriedad, la austeridad, esa manera de ser que permite guardar distancia con las tentaciones de un mundo que nos invita al engañoso carrusel del consumismo y la tilinguería.
El poder que se confiere a cada uno de nosotros trae consigo determinadas exigencias que serían inapropiadas para el ciudadano común que ejerce poderes privados; la aceptación de la función judicial lleva consigo beneficios y ventajas, pero también cargas y desventajas. Si no estamos dispuestos a aceptarlo, pues a buscar horizontes menos exigentes.
No predico condenarnos a la pobreza, que no estamos condenamos. Exigir virtudes públicas no implica someterse a sacrificios o inmolaciones, sólo se trata de asumir que el precio que pagamos por el honor es la modestia.
Las reglas 80 y 82 del Código de Etica Judicial Iberoamericana resultan en alto grado elocuentes. “…El juez tiene prohibido recibir beneficios al margen de los que por Derecho le correspondan y utilizar abusivamente o apropiarse de los medios que se le confíen para el cumplimiento de su función…”; “…El juez debe adoptar las medidas necesarias para evitar que pueda surgir cualquier duda razonable sobre la legitimidad de sus ingresos y de su situación patrimonial…”.
Por eso me permito recomendar mesura a los Jueces en la defensa de sus derechos patrimoniales, cuando ello toca al erario público. No me provoca simpatía afirmarlo, pero lo hago como un deber de conciencia. Nadie desconoce ni desconocerá legítimas aspiraciones, pero sí reprocha y reprochará los métodos que se escogen para su satisfacción.
No debemos echar leña al caldero adonde se fragua la leyenda negra sobre nuestros salarios que se imaginan estrafalarios e indignos.
Buscamos, para aventar la conflictividad, los remedios más apropiados. Trabajamos sobre ello en el contexto de escasez que nos toca administrar. Creemos que una solución eficaz es la solución del todo, la posibilidad de zanjar definitivamente años de disputa, mediante el consenso.
Especial atención ha de dispensarse a los trabajadores del Poder Judicial.
Los salarios, las condiciones generales de trabajo y la protección integral que los trabajadores merecen en una sociedad que se pretende igualitara, exige la discusión democrática, clara, sin prejuicios, sincera, comprensiva, altruista y completa, a través de los convenios que abracen a esa colectividad. Convenir demanda esfuerzos mutuos y seguramente se entenderá así por los protagonistas.
Recuperar la capacidad del Superior Tribunal de Justicia para fijar su política salarial, es una aspiración que me permito reivindicar, pues es condición de la plena independencia y se ha de ejercer de manera prudente y acorde las posibilidades financieras del Estado.
Un tema capital es el rol de la Magistratura en la sociedad y la crisis de ese rol. Para pensar el problema hay que saber quiénes somos; o mejor, qué no somos, ante todo.
Es que no somos príncipes ungidos por un cónclave para ser vicarios de un Dios, dueños de una ciencia secreta y de un lenguaje eclesial a nosotros reservado con exclusividad; no somos, tampoco, un cuerpo de aristócratas que con amaneramiento versallesco, prodiga saberes a través de las sentencias.
Nada de eso.
Somos servidores públicos, mandatarios, escogidos por otros órganos gubernativos para hacer cumplir la ley y mantener el orden de paz, como ya he señalado. Por eso son más fuertes sobre nosotros los imperativos categóricos, más potente el sentido del deber, más ruda la exigencia.
La aplicación de la Ley y la seguridad jurídica y material no son incompatibles. Lo referí hace seis años y lo reitero.
Y me atendré a las palabras dichas, que no parecen haber sido comprendidas ni aceptadas.
Nuevamente: la vigencia de la Ley y el Orden de la Libertad no constituyen antinomias sino situaciones deseables, posibles, imperativas, cuya consecuencia lógica es la seguridad para todos.
El orden de la ley es el mejor antídoto en contra de dos grandes enemigos de la civilidad: la barbarie y la anarquía.
La barbarie es producto primero del avance de quienes predican el orden a toda costa, el autoritarismo, la fuerza que impone silencio; la anarquía es la victoria del réprobo sobre el honrado; del dañino sobre el trabajador; del insidioso, sobre el ser humano moral; la satisfacción de la simple naturaleza humana por sobre el autocontrol de la razón.
Nada de eso sucede cuando la Ley impera, porque ella es la precaución a todo exceso y en eso radica la imperiosa necesidad de sostenerla.
No hay Jueces garantistas ni jueces severos. Hay sólo Jueces que, en tanto tales, han de inspirar confianza en el ciudadano.
Pero no se trata de palabras. Se trata de buscar la solución ponderada de las situaciones que llegan a sus estrados, aquella que se inspira en la lógica jurídica como vehículo para arribar a lo que es justo.
Décadas atrás, casi siete, escribía el doctor Alfredo Fragueiro en el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba: “…Por encima de la ley y de la doctrina de eximios juristas, rige la lógica jurídica, o sea aquel raciocinio correcto o inferencia natural que nuestro entendimiento realiza por un proceso de análisis o identidad de conceptos. Este raciocinio natural, que llamamos lógico, preexiste a la ley y a toda doctrina particular. Quien no observa sus cánones necesariamente debe desembocar en el error, cuando no en una verdad aparente, llamada falacia o sofisma…”.
Esa lógica jurídica, que no es lógica formal, es la que, por momentos, se ausenta de los Tribunales. Es la que el común intuye; es la que el letrado a veces ignora.
Ese es el camino de hacia lo justo legal que debemos recorrer, la medida de nuestras decisiones que, nunca, han de perder de vista las consecuencias que provocan.
Como decíamos ayer: la fuerza de nuestra encomienda radica, precisamente, en la autoridad moral que cosechamos a través del trabajo y la conducta.
Si ella tambalea en esta hora de crisis, no nos crispemos. Seamos trasgresores abandonando cualquier perversa actitud corporativa que nos asemeje al puercoespín, cerrado entre sus púas ante el ataque. Recuperemos la confianza y redoblemos el esfuerzo para que las personas vuelvan a creer en nosotros y tengan fe en lo que contribuyeron a crear a través del pacto social originario.
Pero el problema tiene otra cara, los poderes públicos han de contribuir a la consolidación del respeto evitando la invectiva, la procacidad, la crítica subalterna, la proyección de las incapacidades propias y de las miserias.
Erosionar para conseguir el halago fácil o el aplauso inconsciente, propiedades de los demagogos, es herir a la República.
Aceptamos la crítica responsablemente y en toda la línea. Pero repelemos la puñalada trapera, propia de esquineros y malandrines.
Debemos mejorar la comunicación con la sociedad.
No diré ni más ni menos que lo que afirmé hace años. El uso de un lenguaje excesivamente técnico, necesario por la especificidad lingüística de la ciencia del derecho, no ha sido decodificado adecuadamente. Traducido para comprensión general.
No hemos estrechado lazos suficientes con la prensa que, con su enorme poder, resulta un vaso comunicante esencial.
Muchas de nuestras palabras han sido el resultado de espasmos ante situaciones difíciles o comprometidas. O ejercicio de vanidad discursiva, consciente o inconsciente. O frías sentencias lanzadas al ruedo sin más.
Comunicarse no es hacer propaganda, es propagar – que no es lo mismo- y en eso no hemos sido exitosos. Hemos fracasado. Las personas, perplejas a veces, no entienden. Y no por ignorancia, es porque se le dicen cosas que no entiende.
Ha de trabajarse pues en ajustar la relación con los medios de comunicación para que la labor Judicial sea comprendida en esa dimensión, lo que no implica privarnos de la elegancia de la palabra, que el pueblo sí comprende, espera y respeta, en un ámbito en el que la procacidad, la vulgaridad y la pobreza del idioma se ha enseñoreado.
Pocas palabras, pero claras y veraces, es pues la consigna.
Tampoco hemos consolidado lazos consistentes con la corporación de abogados. Ella ha de ser fluida y sincera para mejorar el servicio de justicia.
Un Poder Judicial democrático y abierto se configura mediante el diálogo con todos los actores del proceso, y los abogados son, por naturaleza, actores imprescindibles en la labor que hacemos a diario.
El perfeccionamiento es otro de los puntos en el que tenemos que perseverar.
Tenemos que saber hacer y saber por qué hacer. Perfeccionar es entrenar para saber qué hacer y cómo. Pero también, como lo he dicho en un sinnúmero de oportunidades, para saber porqué hacer.
El saber es poder, poder hacer, y no conocimiento por sí mismo. Pero el saber es un acto de puro hedonismo sin que se tenga en claro la razón que lo mueve. Ello convierte al saber en un acto de solidaridad.
La teoría se enlaza con la práctica en una simbiosis fructuosa para cumplir los fines del Estado que es la promoción de la cooperación para el logro de la paz y el bienestar de todos.
Eso se espera de nosotros.
Por eso damos la bienvenida a nuevas fórmulas de participación ciudadana en la vida judicial. En ese sentido el juicio por jurados, que por fin alinea la función judicial con el ideal constitucional, posee un significado mayúsculo en tanto la fuerza libre de la inteligencia colectiva en franca asociación con el conocimiento jurídico independiente, contribuirán -como en lo político contribuyó el sufragio universal- a la mejora sustancial de la administración de justicia.
La recta función judicial importa el actuar de manera independiente. Así está escrito y así se orienta nuestra conducta. Insisto en que el Superior Tribunal de Justicia es el garante de esa independencia. Y que se sepa por todos que, abiertos a la crítica y al escrutinio público, no retrocederemos un ápice en esa condición, que es una protección para las personas.
Ello no implica desconocer que, como órganos del Estado, debemos trabajar, en cada lugar común, con los demás poderes públicos. Hay mucha tarea por hacer y ningún esfuerzo debe esterilizarse en el altar de la querella menuda, de la discusión de baja estofa, en el duelo verbal inconducente.
El pueblo, santo hasta en el error, nos vigila y es muy capaz para comprender y valorar la acción mancomunada de los Poderes Públicos en aras del bienestar colectivo
Por último, Honorabilidades, una vez más permítaseme persistir en un viejo anhelo del Poder Judicial de la Provincia: su autonomía financiera.
No pretendemos soluciones mágicas, exuberantes o engañosas, pues sabemos de los escasos recursos estatales y de las demandas cada vez más urgentes y necesarias.
En fin, Legisladores, no queremos un Poder Judicial envarado y escondido en negros ropones enlutados, inmutable, e impasible, ante la realidad circundante.
No queremos – como decía el genial Machado- que el pueblo, carne de horca, contemple a la Justicia que castiga al malo, impíamente, sin equidad.
No queremos que, al menos por nuestra causa, el habitante de este suelo se encierre en su sagrado y abandone el espacio público que le pertenece.
Estos conceptos los señalé en el primer discurso. Los repito –ahora- en el último.
Tenemos con que, porque marchamos con una silenciosa mayoría de mujeres y de hombres, probos, honestos, modestos y comprometidos con la labor de cada día, que conforman el universo de Magistrados, Funcionarios y Empleados del Poder Judicial.
Todos nosotros queremos superar la censura que nos hacía el lúcido liberal que fue Joaquín V. González hace un siglo cuando apercibía que “…debe suprimirse más de la mitad del formulismo vigente por inútil, perjudicial, antijurídico, inconstitucional, inmoral, atentatorio y antidemocrático, con todo su cortejo de empleados y participantes que esquilman el patrimonio en busca de justicia, en provecho exclusivo de la población parasitaria que se acumula en los intersticios del vasto mecanismo (burocrático del sistema judicial)…” y “…exigir que se desmonte la maraña inextricable de las minucias curialescas, de los códigos de procedimientos, nidos de chicanas y de chantajes y asechanzas, de cohechos y complejidades de todo género, como todos los insectos en la selva tropical …” .
Todos nosotros queremos ser partícipes en la construcción de una sociedad libre, solidaria, cooperativa, democrática, segura.
Todos nosotros queremos propender, como guiaba Juan B. Justo, a las actividades más elevadas y nobles para que en el mundo haya más belleza, más sapiencia y más bondad.
Muchas gracias.